Where are our human rights?

Written by Laura Tlachi
Posted on June 9, 2017

Following the recent death of famous Mexican journalist Javier Valdez Cárdenas, our writer Laura Tlachi reports on the current levels of violence from Mexico.

A few weeks ago in Culiacán, the journalist Javier Valdez Cárdenas – one of Mexico’s best reporters on drug trafficking – was murdered. He was killed by a sicario, a hit man who forced him to get out of his car and kneel down, and then shot him twelve times. Valdez is the sixth journalist killed this year in one of the most dangerous countries in the world for journalism.

Mexico is not only one of the most dangerous places to be a journalist, but also one of the most dangerous to be student, a woman, a migrant, a defender of human rights or indigenous. In short, this country has become one of the most violent and deadly for any human being. Indeed, since President Felipe Calderón Hinojosa announced the War on Drugs over ten years ago, with the Operativo Conjunto Michoacán and the continued deployment of armed forces throughout the country, a State that has long boasted about its democracy has begun to show signs of failure.

Never before has Mexico had so many armed forces roaming its streets, yet never before has it felt so unsafe. Calderon’s six-year term was marred by executions, kidnappings, missing persons and crossfire. His government has now ended but violence has not. In 2012, the entrance of Enrique Peña Nieto meant the return of the “perfect dictatorship” but did not imply a substantial change in public security policy.

To date, military forces are still participating in public security operations, and last year, according to official records, the number of soldiers and marines deployed has increased. While the 10-point security plan announced by Peña Nieto in 2014 has not been implemented, neither have the promises to enact laws against torture, enforced disappearance and disappearance by non-state agents.

By the end of 2016, there had been 150 000 deaths since the beginning of the war, along with 28 000 disappeared. The perpetrators of these crimes are not only members of criminal organisations, but also members of armed forces and municipal, state and federal police. Mexicans are living in the midst of a violence where disappearances, torture, kidnapping, arbitrary detentions and extrajudicial executions are a daily risk.

However, it would be impossible to understand Mexico’s situation without looking at the levels of corruption, impunity and indifference. According to Transparency International’s Corruption Perception Index in the public sector, Mexico ranked 126 out of 175, scoring 30 on a scale of 0 to 100, where zero is the worst. In contrast, the rate of national impunity rests at 67.42, on a scale where 100 is the highest, according to the Mexico’s 2016 Global Impunity Index.

The Mexican State is responsible for high levels of corruption and impunity, but only Mexicans are responsible for indifference. The murders, disappearances and multiple cases of human rights violations have become brief news flashes and Mexicans’ capacity to accept these crimes is growing. As a society, I believe we must understand that change will come from below: it will come from demanding not only the creation of new laws but fighting to put the existing ones into place. As Mexicans, we must demand what the Mexican State has, so far, been unable to provide: the population’s security.

Today, we demand justice for Javier Valdez. A few weeks ago, we demanded it for the journalist Miroslava Breach and, at the same time, for the activist Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez and for Isidro Baldenegro and Juan Ontiveros. We still demand justice for Rubén Espinosa, Nadia Vera, Regina Martínez, Alexander Mora Venancio and the 43 Ayotzinapa students, 72 migrants found in San Fernando, for Jorge Antonio Mercado Alonso, Javier Francisco Arredondo, for the victims of femicide in our country and for the thousands victims of this “democratic State”.

We deserve a better country. We must overcome fear, take to the streets, protest, and denounce. We must overcome indifference and understand that human rights are not only denied in Guerrero (considered the least peaceful state according to the Mexico Peace Index 2017), Veracruz (the most dangerous state to be a journalist) or Tamaulipas (described by the media as a State in permanent war). If human rights cannot be guaranteed for a group or territory, then human rights are not guaranteed for anyone. Human rights are either for everyone, or they simply do not exist at all.

Images (top to bottom): El Debate, Vanguardia Mexico. Featured image: El Comercio Peru.

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¿Nuestros derechos humanos dónde están?

Laura Tlachi

Hace unos días en Culiacán, Sinaloa fue asesinado el periodista Javier Valdez Cárdenas, considerado también uno de los mejores cronistas del narcotráfico en México. La muerte llegó a él de la mano de un sicario que lo obligó a descender de su vehículo, lo arrodilló y le disparó doce veces. Valdez se convertiría en el sexto periodista asesinado en lo que va del año en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión.

Pero México se ha convertido no sólo en uno de los países más peligrosos para ser periodista, sino en uno de los más peligrosos para ser estudiante, para ser mujer, para ser migrante, para ser indígena y para ser defensor de los derechos humanos; en resumidas cuentas este país se ha convertido en uno de los más violentos y mortíferos para cualquier ser humano.

Un estado que se jacta de ser un Estado democrático ha adquirido tintes de un Estado fallido desde hace más de 10 años cuando el 11 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció el combate frontal contra el crimen organizado, iniciando la guerra contra el narcotráfico con el llamado “Operativo Conjunto Michoacán” y al que le seguiría el despliegue de fuerzas armadas a lo largo y ancho del país.

Nunca tuvimos tanto despliegue de seguridad del Estado y nunca estuvimos tan indefensos como lo estaríamos a partir de ese momento. El sexenio de Calderón transcurrió entre ejecuciones, levantones, desaparecidos y fuego cruzado. Su  mandato terminó, pero el clima de violencia se quedó. La entrada de Enrique Peña Nieto al poder significaría el regreso de la “Dictadura perfecta”, pero no un cambio sustancial en la política de seguridad pública.

A la fecha se sigue utilizando personal militar en operaciones de seguridad pública y en el último año, según registros oficiales, el número de soldados y marinos desplegados en estas acciones fue en aumento. Mientras que el plan de seguridad de 10 puntos anunciado por el Ejecutivo en 2014, no ha sido aplicado, como tampoco se han llevado a terreno sólido las promesas de promulgar leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas, así como las desapariciones a manos de agentes no estatales.

Para finales de 2016, la cifra de muertos desde el inicio de la guerra ascendía a 150 000 y la de desaparecidos a 28 000. Los culpables de los crímenes se identifican entre las filas de los grupos criminales pero también entre los miembros de la policía municipal, estatal, federal y las fuerzas armadas. Los mexicanos nos encontramos sumidos en un clima de violencia donde las desapariciones, la tortura, el secuestro, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales son un riesgo de la vida cotidiana.

Nuestra situación, sin embargo, no podría ser entendida sin la corrupción, la impunidad y la indiferencia. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público elaborado por Transparencia Internacional, México se ubicó en el lugar 126 de 175, obteniendo una puntuación de 30 en una escala del 0 al 100, donde cero es el peor evaluado. Mientras que los índices de impunidad nacional se encuentran en 67.42 puntos, en una escala donde 100 es la máxima, de acuerdo al Índice Global de Impunidad México 2016.

El Estado mexicano en su conjunto es responsable de los altos niveles de corrupción e impunidad, pero sólo el pueblo mexicano es responsable de la indiferencia. El asesinato, las desapariciones y las múltiples historias sobre violaciones a derechos humanos se han tornado en noticias breves y nuestra capacidad de aceptación ante estos crímenes es cada vez más amplia. Como sociedad debemos de entender que el cambio vendrá de abajo, vendrá de exigir no sólo la creación de nuevas leyes sino de luchar porque se cumplan las existentes. Como mexicanos debemos exigir aquello que el Estado mexicano ha sido incapaz de proporcionarnos en los últimos diez años: la seguridad de la población.

Hoy se exige justicia para Javier Valdez, hace unas semanas se exigía para la también periodista Miroslava Breach, casi al mismo tiempo para la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez y para Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, y se sigue pidiendo justicia para Rubén Espinosa, Nadia Vera, Regina Martínez, Alexander Mora Venancio y los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para los 72 migrantes de San Fernando, para Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, para las miles de mujeres víctimas de feminicidio  en nuestro país y para las miles de víctimas de este “Estado democrático”.

Nos merecemos un país mejor. Debemos superar el miedo, salir, protestar y denunciar, superar la indiferencia y entender que los derechos no son sólo negados en Guerrero (considerado el estado menos pacífico de acuerdo al Índice de Paz México 2017), Veracruz (el estado más peligroso para periodistas) o Tamaulipas (calificado por los medios como un estado en guerra permanente). Si los derechos humanos no pueden ser garantía de un grupo o territorio entonces los derechos no están garantizados para nadie. Los derechos humanos son de todos o simplemente no son.